Cuatro factores principales pueden explicar los graves efectos de la crisis en el sector: un progresivo deterioro del financiamiento de los distintos subsistemas (cayo aproximadamente 15.5 por ciento durante los primeros 8 meses de año 2002); un crecimiento en el costo de medicamentos e insumos biomédicos importados por la devaluación; un incremento en la demanda de los servicios de hospitales públicos; y riesgos epidemiológicos mayores. Los primeros dos factores reducen la efectividad del servicio, mientras que los dos últimos incrementan la demanda de los mismos.
Seguro de Salud
La crisis dañó las finanzas y la capacidad de brindar atención medica de los principales subsectores que ofrecen cobertura formal en la Argentina- el SNSS, PAMI, los aseguradores públicos provinciales y el sector privado. SNSS. (Sistema Nacional de Seguro de Salud). Entre el primer semestre del año 2001 y el primer semestre del año 2002, los ingresos totales del SNSS- que cubren a 10.8 millones de ciudadanos (cerca del 30 por ciento de la población, en su mayoría perteneciente a la economía formal)- cayeron un 12 por ciento. Hacia enero del año 2002, el 62 por ciento de las obras sociales nacionales (programas de salud organizados por los sindicatos, u OSNs) en la ciudad de Buenos Aires no cumplían con la prestación a sus afiliados de los servicios de salud obligatorios (Plan Médico Obligatorio – PMO). En otras regiones del país, el incumplimiento sobrepasaba el 80 por ciento. Si las normas actuales (sobre la prestación del servicio, y los requerimientos financieros, económicos y administrativos) para los fondos de aseguradores nacionales fuesen aplicados, un porcentaje significativo de 280 OSN existentes requeriría una minuciosa reestructuración o la exclusión del sistema. Hoy, 38 OSNs (que comprenden al 10 por ciento de la población asegurada) se encuentran legalmente en quiebra.
PAMI
Este programa brinda servicios de salud para jubilados y pensionados y se responsabiliza por 3.2 millones de personas, en su mayoría ancianos jubilados. Sus ingresos cayeron aproximadamente un 40 por ciento durante los últimos meses del año 2001 y el comienzo del año 2002. La asistencia medica (y lo servicios farmacéuticos) son periódicamente recortados para los beneficiarios del PAMI en todo el país. La suspensión de servicios básicos, el crecimiento de las listas de espera para los procedimientos electivos, y el incremento de pacientes que son referidos a los hospitales públicos son todos signos de un deterioro en la calidad.
Obras Sociales Provinciales
Se espera que la situación de la mayoría de los aseguradores de salud pública provinciales (obras sociales provinciales, OSPs) sea similar a la de OSNs y PAMI, con algunas excepciones esporádicas. Pero no hay información consolidada actualizada de las 24 OSPs autónomas, que proveen cobertura de salud a aproximadamente 5.5 millones de personas (15 por ciento de la población, principalmente empleados públicos provinciales y sus dependientes).
Subsector Privado
El subsector de seguro de salud privado ha disminuido como resultado de la crisis. Entre octubre del año 2002 y junio de 2002, la proporción de la población cubierta por esquemas de seguro de salud privados cayó un 8 por ciento y está por debajo de 3 millones. De la misma manera, el porcentaje de la población con doble seguro de cobertura disminuyó.
El gobierno ha intentado enfrentar esta crisis en los seguros de salud, principalmente incrementando los ingresos de los aseguradores a nivel nacional por medio de contribuciones más altas de los empleadores. Nuevas medidas legislativas han incrementado las contribuciones de los empleadores a OSNs y PAMI. Estas acciones han incrementado los ingresos netos con respecto al año 2001, pero no se han alcanzado los niveles previos, y los efectos a mediano y largo plazo aún no han sido analizados. Simultáneamente, se hizo un intento por fortalecer la capacidad de redistribución del Fondo Solidario (Fondo Solidario de Redistribución, FSR), el cual es responsable de la redistribución parcial de fondos de los trabajadores con ingresos más altos a trabajadores con ingresos más bajos exclusivamente dentro del SNSS.
Tales acciones, sin embargo no solucionan las deficiencias crónicas de estos subsectores. Se encuentran pendientes las reformas estructurales Han fracasado los intentos de reforma (anteriores a la crisis) para lograr mantener los costos y mejorar el servicio del PAMI, las OSNs y varias de las OSPs. Las deudas crónicas siguen creciendo, mientras los hospitales públicos y los gastos no previstos continúan siendo el argumento para justificar una prestación deficiente. Dentro de las OSNs la deuda acumulada a proveedores externos fue aproximadamente de 1,040 millones de dólares (ARG$1,040 millones) en agosto del año 2002. En PAMI, a fines del año 2001, llego a 1,867 millones de dólares (ARG$1,867 millones) (más del 75% de su presupuesto anual total). Se llego a este total a pesar de las contribuciones “adicionales” del tesoro nacional de aproximadamente ARG$1,700 millones entre los años 1995 y 2001.
Subsector Público
Los hospitales públicos en Argentina, la mayoría de los cuales pertenecen a las provincias, brindan servicios a los ciudadanos que no tienen seguro de salud, quienes en su mayoría son pobres. Como resultado de la crisis, estos hospitales se enfrentan con demoras en el flujo de fondos (como consecuencia de la deficiente situación fiscal de las provincias, mas las dificultades con las transferencias federales, y incremento en la demanda de servicios. Entre octubre del año 2001 y mayo del año 2002, el porcentaje de la población que tenia cobertura medica solamente por medio de hospitales públicos creció de 36 a 43 por ciento.
Como resultado, ha habido en los últimos meses una grave crisis con el abastecimiento de insumos médicos en toda la red de hospitales públicos. La falta de insumos (especialmente medicamentos y material quirúrgico) ha afectado la calidad del servicio. La situación en la red de atención primaria es preocupante.
Evidencia anecdótica revela las dificultades en prestación oportuna de atención preventiva básica (como por ejemplo los exámenes de detección de toxoplasmosis y sífilis durante el embarazo). La presión por mantener los gastos para los servicios de alta complejidad probablemente siga reduciendo los ya bajos recursos asignados a la atención primaria (generalmente cerca del 8 por ciento del presupuesto total del sector en la mayoría de las provincias) Una situación similar podría ocurrir con los programas de salud pública, precisamente cuando es necesario reforzarlos debido a una mayor demanda y a un mayor riesgo epidemiológico .
Pero como en el caso del subsector de seguro de salud, es necesario reconocer la existencia de deficiencias de larga data en los hospitales públicos, que agravan la situación actual. Una grave deficiencia es la presencia de subsidios regresivos crónicos de los presupuestos de los hospitales públicos (destinados a los pobres no asegurados) hacia los aseguradores de salud. Estos subsidios aparecen cuando se prestan servicios a pacientes asegurados en instalaciones públicas y no se recupera el costo que debería pagar la aseguradora. Se estima que aproximadamente el 30 por ciento de los individuos que reciben atención en hospitales públicos en la Argentina posee algún tipo de seguro médico.
Sin embargo, la facturación y el reembolso de los costos por parte de los aseguradores son mínimos, y representan mucho menos del 5 por ciento del presupuesto operativo total de aquellos pocos hospitales que realizan el proceso de recuperar estos costos. Desde el año 2000, y contrariamente a lo esperado, la facturación hospitalaria pública total a las obras sociales ha disminuido, y los aseguradores rechazan cada vez mas facturas.
Impacto en la Salud de la Población
Como fue mencionado anteriormente, una de las estrategias utilizada por aquellos afectados por la crisis es la de reducir los gastos particulares para servicios médicos y medicamentos, incluyendo la reducción de visitas al médico.
Además, mucha gente ha perdido o se ha visto obligada a cambiar su seguro médico. El deterior de las condiciones económicas y sociales de una gran parte de la población, sumados al deterioro de los programas de salud pública provinciales básicos, resultará en un incremento de la mortalidad y morbilidad entre la población. La información inicial sugiere que la salud materno-infantil se encuentra en estado de riesgo. El servicio de información del proyecto PROMIN revela que entre los meses de julio de 2000 y septiembre de 2001 ha habido una caída en la cobertura y calidad de los servicios materno-infantiles en centros de salud ubicados en áreas urbanas pobres. Como se menciono anteriormente, los resultados de la Encuesta sobre la Crisis del Banco Mundial confirma estos datos también para 2002. Mientras en promedio, un 38 por ciento de los hogares declaran llevar a sus hijos con menos frecuencia a los controles médicos desde octubre del año 2001, este cambio se agudizó en el quintil más pobre, donde el 57 por ciento de los hogares declaran una disminución en la frecuencia de los controles preventivos de sus hijos. Los Programas de vacunación han sufrido también irregularidades en su prestación, y el Ministro de Salud estimó que en el año 2001, el 30 por ciento de la población infantil no tuvo acceso a una de las vacunas provista por PAI (Programa de Vacunación Pública) y que la efectividad de la cobertura disminuyo Sumado a la salud materno-infantil, el deterioro de las condiciones económicas y sociales de la población, nos permiten anticipar que será preciso tomar medidas oportunas para prevenir el incremento de enfermedades estacionales y epidemiológicas.
El sistema de control epidemiológico informa que registró un aumento de algunas enfermedades endémicas, como es el caso del síndrome de inmuno deficiencia adquirida (SIDA), el mal de Chagas y la leishmaniasis en el primer semestre del año 2002, comparado con el año 2001. A partir de agosto de 2002, no hubo aumento el número de casos declarados de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias o meningitis. Pero, en el caso de la meningitis, el porcentaje de casos de etiología “no especificada” se duplico en comparación con el mismo periodo del año 2001.
Finalmente, hay evidencia de un incremento de la violencia y los problemas de salud mental. De acuerdo con la Encuesta sobre la Crisis del Banco Mundial, el 20 por ciento de la población declara haber sido víctima de actos de violencia o crímenes entre el mes de octubre del año 2001 y junio de 2002. Aun más, se observan, cambios en el estado emocional y mental de los individuos, con un alto porcentaje de hogares encuestados que se sienten desanimados o sin esperanzas hacia el futuro, en comparación con lo que sentían antes de octubre de 2001. Las consultas de emergencia por enfermedades mentales se han duplicado, y el suicidio es un tema particularmente preocupante ya está aumentando entre los adolescentes.
En medio de la actual crisis social, la primera prioridad en salud es garantizar el acceso de toda la población, particularmente de los pobres sin seguro y cuyas posibilidades de pagar son menores, a un paquete mínimo de tratamientos y medicamentos orientados a prevenir los mayores riesgos sanitarios. En este contexto, el Gobierno debe proteger el financiamiento de programas prioritarios tales como los de salud materno-infantil, las inmunizaciones, y la salud pública (control epidemiológico, de enfermedades transmisibles y otras). Más específicamente, la gradual implementación de un seguro de salud materno-infantil y la definición de un acuerdo sobre los objetivos de salud provinciales (con indicadores de salud que puedan monitorearse) son al parecer dos pa ss iniciales claves hacia una protección más efectiva de los pobres sin cobertura.
Otras acciones de gobierno necesarias deben abordar simultáneamente las ineficiencias crónicas del sector de la salud, liberando escasos recursos para soportarlas y mejorando la efectividad de la asistencia médica para los pobres.
Las principales acciones al respecto incluyen eliminar las ineficiencias y superposiciones en los programas de seguro de salud a nivel nacional tales como PAMI y las Obras Sociales, y en la interfaz entre los hospitales públicos y el sistema de seguridad (mejorando la recuperación de costos por parte de los primeros); fortalecer el marco regulatorio del sector salud, así como la capacidad institucional de las agencias regulatorias; y mejorar el desempeño de la red de hospitales públicos, haciendo hincapié en la atención primaria.
Políticas y futuro
Mientras que la situación de la salud es menos crítica, una mayor eficiencia del sector de la salud podría mejorar la calidad del servicio disponible para los pobres.
Particularmente, el Gobierno debería dirigir los gastos de salud pública a aquellos que no tienen seguro de salud, mejorando la recuperación de los costos de aquellos que cuentan seguro y capacidad de pago, y también a partir de un mejoramiento de la eficiencia operativa del sistema hospitalario público. Aunque conceder más autonomía a los hospitales públicos puede mejorar su eficiencia, hay que tener cuidado para evitar generar incentivos que reduzcan los servicios a los pobres. Eventualmente, la cobertura del seguro de salud debería extenderse a los que se encuentran dentro del sector informal y que no tienen cobertura en este momento. Deberían ampliarse los programas existentes de salud materno-infantil (PROMIN) y vincularlos con los de planificación familiar y salud reproductiva para los pobres, para reducir el alto índice de fertilidad actual entre los pobres. (Este informe fue elaborado por el Banco Mundial y se encuentra disponible en su totalidad en la página web del organismo: www.bancomundial.org.ar

Fuente: Consultor de Salud