Los logros más importantes de febrero estuvieron dados en los convenios con el Grupo SPM para las empresas de medicina prepaga Amsa, Galeno y Tim. En marzo habría acuerdo con varias obras sociales.

Tal como se había anunciado en la anterior entrega del FABA Informa, las autoridades de la Federación Bioquímica prosiguieron durante el mes de febrero realizando activas gestiones con distintas obras sociales y empresas de medicina prepaga con el objeto de renegociar los respectivos contratos de prestaciones apuntando a recuperar el desfasaje producido en los gastos de laboratorio registrados a partir de la salida de la convertibilidad.
En ese marco se debe destacar la renegociación entablada con el Grupo SPM para sus empresas de medicina prepaga Amsa, Galeno y Tim, lo que posibilitó acordar la aplicación, a partir del primero de marzo, de una importante mejora arancelaria por prestación que tendrá una fuerte y especial incidencia en los distritos 2, 3 y 4 y en una parte del 5 (Pilar y Escobar).
Este convenio, cuya entrada en vigencia operó en enero de 2002, tenía una antigüedad de tres años a lo largo de los cuales se fueron consiguiendo algunas mejoras que no llegaron a compensar los atrasos provocados por la devaluación de la moneda nacional. También hay que recordar que el mismo grupo empresario ha mantenido sierre una posición muy férrea con relación a las autorizaciones.
Por todo ello, algunos laboratorios bioquímicos no venían cubriendo algunas determinaciones a afiliados de esas empresas porque el valor reconocido no alcanzaba siquiera a cubrir el gasto, mientras que otros directamente habían dejado de atenderlos en carácter de tales, por lo que la continuidad misma del convenio se veía seriamente comprometida.
Los contratos de prestaciones con este grupo empresario representa una muy importante fuente de trabajo profesional de 2002, porque inicialmente se había contratado a una red de laboratorios y posteriormente a un solo megalaboratorio.
En los años 2003 y 2004 las empresas del grupo registraron un fuerte aumento del consumo.

Con otras obras sociales

También en febrero se prosiguieron activamente las negociaciones con un importante número de obras sociales a efectos de recomponer aranceles. Así, se acordaron mejoras parciales a partir de marzo para OPDEA y FATFA.
Por otra parte, al cierre de la presente edición de FABA Informa se tramitaban mejoras, también a aplicarse a partir de marzo para las obras sociales de madereros, Osmeba, OSSIMRA y posiblemente la mutual del Banco Provincia.
Cabe recordar que las autoridades de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires habían iniciado en el último tramo del año anterior una fuerte ofensiva con todas las obras sociales para renegociar contratos y obtener mejoras arancelarias, marco en el que, como se sabe, se logró la mejora con el Instituto de Obra Médico Asistencial.
El compromiso de la conducción de FABA fue el de proseguir ese accionar con toda intensidad en 2005, lo que se viene materializando y además, las gestiones continuarán durante los próximos meses, labor en la cual las autoridades de la Federación Bioquímica han vuelto a explicitar su férreo compromiso con los profesionales asociados.
Con el nuevo año se redoblaron las notificaciones e intimaciones cursadas a diferentes obras sociales instándolas a la negociación de nuevos valores contractuales y del mismo modo se proseguirá actuando en las semanas venideras.
Pero como ya se ha señalado en reiteradas ocasiones desde estas mismas páginas, este accionar institucional no basta para paliar la grave situación que deriva de la desfinanciación de las obras sociales, tema en el cual el Gobierno sigue peligrosamente ausente pese a los preocupantes diagnósticos de situación que en las últimas semanas han emanado de la misma esfera oficial.
Más de una vez se ha dicho aquí que el Estado debe aportar fondos extras que se sumen a los ingresos genuinos de las obras sociales si es que se quiere evitar en los hechos el naufragio definitivo del modelo de solidaridad social en nuestro país.

Grave diagnóstico

Según datos recavados por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, más de un centenar de establecimientos privados de salud han cerrado sus puertas al día de la fecha.
En las Bases del Plan Federal de Salud correspondiente a los años 2004-2007 se argumenta que "el sector privado de salud, compuesto por múltiples instituciones y servicios, numerosos puestos de trabajo e importantes inversiones, se maneja al compás de los aciertos y deficiencias de todo el sector de salud, especialmente por la dependencia al financiamiento de las obras sociales, incluido el Instituto de Jubilados y Pensionados".
Asimismo, señala que el Estado no asumió el rol ni sus previsibles consecuencias.
Actualmente, el sector financiero provincial, las obras sociales nacionales y el PAMI tienen importantes deudas con los prestadores privados. Dicho sector sufrió una caída del 25% -según datos aportados por el Ministerio de Salud nacional- de su oferta en los últimos años, mientras que el sistema público de atención no resistirá por mucho más tiempo un incremento de la demanda provocada por el cierre constante de establecimientos privados.
Según datos suministrados por el Ministerio de Salud Nacional, existen 2.040 establecimientos de salud privados con internación en todo el país y 8.078 que no poseen internación, lo cual significa menos costos para aquellos que pagan un programa de salud integral.
En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 133 establecimientos privados con internación y 1.444 que no la poseen.
Estas cifras marcan la disminución de establecimientos con internación debido a los altos costos que las personas deben pagar si quisieran acceder a ellos.
En la Constitución Nacional consta que el Estado deberá prestar el servicio público de Salud, satisfaciendo las necesidades de la población, a través de prestadores estatales o privados, financiando en ambos casos el servicio y posibilitando su acceso a la población.
La Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales asegura que la prestación estatal del servicio es optativa, pero no así su financiamiento, el cual se torna obligatorio (sea en forma directa -servicio gratuito-, o indirecta -subsidios a la prestación privada-).